País por cárcel

Foto: Mayo de 2016, mientras la Policía Nacional reprimía una toma de los y las estudiantes. (EFE).

Cesario Padilla

Palabras pronunciadas en un conversatorio del Centro PEN-Honduras, el 02 de noviembre de 2017; Día Internacional para poner fin a crímenes contra Periodistas.

Quiero seguir haciendo periodismo, de eso estoy digna y completamente seguro. Aunque, desde las aulas universitarias y fuera de ellas arrastro problemas, hasta hoy por confrontar el poder.

Mi casa ha sido las aulas de clases, por lo que la exigencia de espacios de representación estudiantil, desde las y los estudiantes, comenzó a incomodar la comodidad del dedo señalador de una autoridad universitaria, que, años atrás, junto con otros difrazadores de la opinión pública, pretendió dar clases de ética periodística, criticando a los grandes medios y a uno que otro periodista con influencia en el gobierno de Carlos Flores Facussé (1998-2002). El tiempo pasó y tras alcanzar su puesto como rectora, se valió de lo que criticó para satanizar por cuanto pudo al movimiento estudiantil.

Estudié esta carrera en la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el movimiento estudiantil y a la sombra de la impunidad en la que impera el ejercicio de la profesión. Donde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), nos cita que la justicia hondureña tiene una impunidad de un 91 por ciento en resolver crímenes contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de la comunicación.

El periodista mexicano, Julio Scherer García, en referencia a uno de sus brillantes trabajos como reportero, en la masacre de Tlatelolco en 1968, escribió:

“No se vale. Todo el poder del Estado contra unos jóvenes y la única conspiración que se ve es policía. El Presidente quiere que le besen la mano, así literalmente, pero ya ‘chole’ con el Padre de todos los Mexicanos. Por eso, si va a hacer crónica cuente usted lo que ve, y luego ya habrá tiempo de contar lo que piensa y sabe. Ahora cuente lo que ve”.

No están alejadas estas palabras de lo que por cuatro años consecutivos se vive en la UNAH. Nada ha cambiado, solo las caras, los hechos se repiten, arreciaron este año con procesos penales contra estudiantes, aproximadamente 80, cuyos delitos la pena es mayor a seis años. Las autoridades hablan de daños, de privaciones ilegales de la libertad; es una máquina del odio y del desprestigio a quienes alzan sus voces y recuperan un territorio como la máxima casa de estudios, que es del pueblo y por lo tanto pública.

Me siento a conversar con ustedes, cargando una condena de “País por Cárcel”, que arrastro desde el 15 de julio de 2015, cuando arrancó este proceso en contra mía junto a mis compañeros, también estudiantes, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres. Soy criminal para este Estado y estas autoridades universitarias, por lo que digo y lo que escribo, peor aún porque todavía lo sostengo.

Hacer cobertura de desalojos violentos ejecutados por jueces, fiscales policías y militares, no es fácil. Los hechos lo demuestran. Posterior a mi primer proceso y luego de estar frente a los predios de la UNAH en Tegucigalpa, en junio del 2016, un grupo de policial al mando de Víctor Sánchez (hoy depurado), forcejeó conmigo al pretender arrebatar mi cámara fotográfica y me agredió físicamente, tomándome por el cuello, con intención de asfixiarme. Un grupo de defensores de derechos humanos en el lugar intervino para salvaguardarme.

Al sol de estos días, comparto lo que dice mi colega y hermano periodista, Ronnie Huete Salgado, "una fuente informativa como la UNAH sería de alto riesgo cubrir" lo haría con el riesgo, que hasta la vida pueden quitarle. Además, ejerzo mi profesión, con la amenaza permanente de que los jueces y juezas del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se jueguen en una partida las cartas de mi libertad. Un póker de ases sería mi prisión o mi tranquilidad.